crece la polémica por denuncia sobre presuntos embargos masivos; autoridades aún no responden
Por El Faro Noticias | Cupino Estéreo
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Una fuerte polémica se ha generado en el Atlántico luego de que la diputada Dreisa Rosas denunciara públicamente la presunta existencia de más de 300.000 órdenes de embargo de cuentas bancarias relacionadas con comparendos de tránsito, fotomultas e impuestos vehiculares en Barranquilla y otros municipios del departamento.
Durante su intervención, la diputada aseguró que miles de conductores podrían estar siendo afectados por procesos de cobro coactivo, e indicó que, según la información que ha conocido, solo la Secretaría de Tránsito de Barranquilla habría expedido alrededor de 80.000 órdenes de embargo. Sus declaraciones despertaron preocupación entre ciudadanos y conductores, quienes cuestionan el impacto económico de estas medidas.
Rosas también criticó el sistema de fotodetección, conocido popularmente como fotomultas, al considerar que la instalación de un mayor número de cámaras en las vías no ha significado una reducción importante en los índices de accidentalidad. Según manifestó, el modelo debe ser revisado para garantizar que cumpla un verdadero propósito preventivo y no se convierta únicamente en un mecanismo de recaudo.
En medio del debate, varios conductores consultados por distintos medios de comunicación expresaron su inconformidad con el funcionamiento del sistema y señalaron que las sanciones económicas continúan generando preocupación entre quienes transitan diariamente por las vías del departamento.
Sin embargo, hasta el momento las cifras mencionadas corresponden a la denuncia realizada por la diputada Dreisa Rosas y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.
El Faro Noticias consultó los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla y del Instituto de Tránsito del Atlántico, pero al cierre de esta edición no se había conocido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de la diputada Dreisa Rosas. Este medio permanece atento a la respuesta de las autoridades para actualizar la información.
El debate sobre las fotomultas vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda pública del Atlántico, mientras conductores y organizaciones ciudadanas esperan una respuesta oficial que permita aclarar el alcance de las denuncias y la situación de los procesos de embargo en la región.
